Como peruana que ha recorrido muchas caletas de nuestro litoral, me preocupa que cada vez que el mar se agita, el país reaccione solo con una medida administrativa: cerrar los puertos. Proteger la vida en el mar es indispensable, pero también lo es reconocer que detrás de cada embarcación que no sale a pescar hay una familia que ese día se queda sin ingresos.

El cierre de 94 puertos en el litoral peruano por oleajes anómalos ha vuelto a paralizar gran parte de la actividad marítima del país. Según el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, las restricciones afectan 23 puertos en el norte, 50 en la zona central y 21 en el sur, como medida preventiva ante la intensidad del mar.

La decisión no es sorpresiva. Cuando el oleaje se intensifica, la prioridad debe ser proteger la vida humana y evitar accidentes en embarcaciones o infraestructura portuaria. La Marina de Guerra ha advertido que las condiciones del mar pueden pasar de moderadas a fuertes, lo que obliga a suspender temporalmente operaciones pesqueras, recreativas y portuarias. Pero el problema no es el cierre de los puertos, sino lo que ocurre después.

Cada vez que el mar se cierra, miles de pescadores artesanales quedan automáticamente sin ingresos. La pesca artesanal depende de jornadas diarias: si la embarcación no sale, simplemente no hay pesca, y si no hay pesca, no hay ingreso para la familia. En las comunidades costeras esto no es un detalle menor. En muchas caletas, la economía local depende casi por completo de la pesca y de las actividades asociadas al mar. Cuando el oleaje obliga a suspender las faenas, restaurantes, pequeños comercios y servicios turísticos también se detienen.

Sin embargo, el país sigue reaccionando como si este fuera un fenómeno extraordinario. No lo es.

Los oleajes anómalos son recurrentes en el litoral peruano y forman parte de la dinámica natural del Pacífico. Las autoridades lo saben y los pescadores lo saben. Lo que no existe todavía es una política pública seria para enfrentar sus consecuencias económicas. El Perú se define como un país marítimo, pero en la práctica sigue gobernándose como si el mar fuera un asunto marginal.

La pesca artesanal representa el sustento directo de decenas de miles de familias y abastece una parte importante del pescado que consumen los peruanos. Aun así, cuando se paraliza la actividad por razones climáticas o de seguridad, el pescador queda completamente expuesto: sin seguro, sin mecanismos de compensación y sin herramientas financieras que le permitan afrontar esos días sin ingresos. Evidentemente estamos ante una falla estructural, pues hablamos de un país que tiene protocolos para cerrar puertos, pero no cuenta con políticas para proteger a quienes dependen de ellos.

En otras economías pesqueras, los sistemas de gestión marítima incluyen mecanismos de contingencia: seguros frente a paralizaciones climáticas, fondos de emergencia o esquemas de financiamiento que amortiguan los periodos en los que la actividad debe detenerse por razones de seguridad o conservación. En el Perú, en cambio, cada oleaje vuelve a mostrar el mismo vacío institucional: la falta de discusión sobre una política marítima moderna que reconozca la importancia de la pesca artesanal y la integre plenamente a la agenda económica del país.

Seguridad económica ante condiciones climáticas adversas

Primero, el país necesita mecanismos de seguridad económica para los pescadores artesanales cuando las condiciones climáticas obligan a suspender la actividad. No se trata de subsidios permanentes, sino de instrumentos de contingencia para una actividad que depende directamente del comportamiento del mar.

En el Perú, más de 80 mil pescadores artesanales dependen de jornadas diarias de captura, lo que significa que cada cierre de puertos impacta de inmediato en el ingreso familiar. A diferencia de otros sectores productivos, el pescador no cuenta con seguros frente a paralizaciones climáticas ni con fondos de contingencia que amortigüen esos periodos sin actividad.

Una política marítima moderna debe reconocer que el riesgo climático es estructural en la pesca y gestionarlo con herramientas económicas que permitan proteger a quienes viven del mar.

Formalización y financiamiento para el sector

El segundo desafío es avanzar hacia una formalización progresiva acompañada de acceso real a financiamiento. Hoy miles de pescadores artesanales operan con embarcaciones pequeñas, tecnología limitada y escaso acceso a crédito productivo.

La informalidad en el sector no es solo un problema regulatorio; es también una forma de exclusión financiera. Un pescador que no puede demostrar ingresos formales difícilmente accede a crédito para renovar su embarcación, mejorar sus artes de pesca o invertir en sistemas de conservación. Facilitar crédito productivo, asistencia técnica y acceso a tecnología permitiría mejorar la productividad de las caletas y reducir la dependencia absoluta del ingreso diario.

Implementación de una estructura pesquera moderna

Muchas caletas del país siguen operando con instalaciones precarias que limitan tanto la seguridad de las embarcaciones como el valor comercial del pescado. En numerosos puntos del litoral, los pescadores deben desembarcar su producto sin muelles adecuados, servicios logísticos ni cadena de frío. Esto reduce la calidad del pescado y limita su valor en el mercado.

Modernizar desembarcaderos pesqueros artesanales, infraestructura de frío y servicios logísticos no solo mejora la seguridad del sector, sino que también fortalece la competitividad de la pesca artesanal y dinamiza las economías costeras.

En síntesis, el Perú no puede seguir reaccionando a los oleajes como si fueran eventos excepcionales. Son parte de la dinámica de nuestro litoral y deben formar parte de una política marítima seria que proteja a quienes viven del mar, porque un país que se reconoce marítimo no puede seguir dándole la espalda a sus pescadores.