Hablar de salud mental es, ante todo, hablar de personas, de familias y de historias silenciosas que muchas veces no llegan a ser escuchadas a tiempo. Desde mi perspectiva, y a partir de lo conversado en el reciente diálogo público sobre este tema, considero que durante décadas la salud mental ha ocupado un lugar secundario dentro de las políticas públicas peruanas, pese a su impacto directo en la convivencia social, la productividad y la seguridad ciudadana. Diversos diagnósticos coinciden en que el país mantiene un importante déficit de cobertura, tanto en atención preventiva como en tratamiento oportuno, mientras el presupuesto destinado a este rubro apenas oscila entre el 1% y el 3% del gasto sanitario total. Esta brecha refleja no solo limitaciones financieras, sino también una insuficiente priorización política de un tema que incide transversalmente en la calidad de vida de la población.

La salud mental debe comprenderse como un componente integral del desarrollo humano. Su impacto se evidencia en indicadores sociales como la violencia familiar, el rendimiento educativo, la estabilidad laboral y la cohesión comunitaria. En ese sentido, la ausencia de políticas preventivas sostenidas genera costos sociales acumulativos que terminan trasladándose a los sistemas de justicia, seguridad y salud. Cuando estos problemas no se atienden a tiempo, las consecuencias no solo afectan a individuos, sino a comunidades enteras.

La prevención temprana como eje de política pública

Uno de los aspectos que más preocupación genera es pensar en los niños que crecen en entornos de violencia o abandono emocional sin recibir apoyo oportuno. Debido a ello, uno de los consensos técnicos más relevantes es la necesidad de intervenir desde etapas tempranas del ciclo de vida. La incorporación de asistencia psicológica obligatoria en el entorno escolar aparece como una herramienta clave para identificar de forma oportuna situaciones de violencia doméstica, traumas infantiles o problemas de conducta. Este enfoque preventivo permitiría reducir riesgos futuros asociados a criminalidad, feminicidios y conflictos sociales. Se trata, en esencia, de proteger la salud emocional desde los primeros años de vida.

Asimismo, estimo que la formación de familias mediante programas educativos, como escuelas de padres, contribuiría a fortalecer entornos protectores y a evitar la reproducción intergeneracional de patrones de violencia. Este tipo de intervenciones no solo tiene efectos sociales positivos, sino que representa una inversión costo-efectiva para el Estado al disminuir la demanda futura de servicios especializados. Fortalecer a las familias significa prevenir sufrimiento futuro y construir entornos más seguros para las nuevas generaciones.

Financiamiento y gestión: el desafío de la sostenibilidad

La preocupación ciudadana también se expresa cuando se observa que un problema tan sensible recibe una atención presupuestal limitada.Por ende, desde lo analizado en la entrevista, otro aspecto central del debate público es la distribución del gasto estatal. Si bien el Perú mantiene indicadores macroeconómicos estables en la región, persisten desafíos en la asignación eficiente de recursos. Especialistas coinciden en que el fortalecimiento de la salud mental no requiere únicamente mayor presupuesto, sino también una reorientación del gasto hacia programas preventivos y comunitarios.

En esa línea, considero necesario garantizar un financiamiento estable y protegido para este sector, similar al modelo aplicado a programas sociales estratégicos. La consolidación de una política de Estado permitiría asegurar continuidad en las intervenciones y evitar retrocesos asociados a cambios de gestión gubernamental. Dar estabilidad a estas políticas significa ofrecer tranquilidad y esperanza a miles de familias.

Regulación social y educación cívica como factores protectores

La salud mental también se construye en el entorno cotidiano donde crecen los niños y adolescentes. Por esto, en la entrevista también he señalado que la salud mental también se ve influida por el entorno social y cultural. El incremento de contenidos violentos en medios y plataformas digitales ha generado preocupación respecto a su impacto en niños y adolescentes, especialmente en la normalización del acoso y las conductas agresivas. En este contexto, el rol regulador del Estado se orienta a establecer marcos que protejan a las poblaciones vulnerables sin afectar libertades fundamentales. Proteger la mente de los jóvenes implica cuidar el ambiente en el que se desarrollan.

Asimismo, considero que la educación cívica se perfila como un instrumento preventivo relevante. La difusión de derechos, deberes y consecuencias legales contribuye a reducir comportamientos violentos asociados al desconocimiento normativo, fortaleciendo la convivencia y el respeto institucional. En otras palabras, una sociedad informada es también una sociedad emocionalmente más sana.

Bienestar laboral y cobertura pública: retos para el futuro

La salud mental no termina en la infancia; acompaña a las personas durante toda su vida. Por ejemplo, desde mi punto de vista el ámbito laboral constituye otro espacio clave para la promoción de la salud mental. Políticas orientadas al equilibrio entre vida personal y trabajo, así como la ampliación de facultades de supervisión en materia de bienestar emocional, pueden contribuir a reducir el estrés, el hostigamiento y los conflictos organizacionales. Estas medidas, además, tienen impactos positivos en productividad y estabilidad económica. Un trabajador emocionalmente sano también es un ciudadano más pleno y comprometido.

Finalmente, el principal desafío estructural sigue siendo ampliar la cobertura pública en salud mental, garantizando atención oportuna y accesible. El fortalecimiento de este sector no solo responde a una demanda sanitaria, sino que constituye una estrategia integral para reducir la violencia, mejorar la cohesión social y promover un desarrollo sostenible. Priorizar la salud mental significa apostar por una sociedad más empática, más segura y con mayores oportunidades para todos. En ese sentido, su consolidación como prioridad nacional representa un paso fundamental hacia una sociedad más equilibrada, resiliente y humana.