Como ciudadana, no puedo ser indiferente ante una realidad que se arrastra por años: en el Perú existen miles de trabajadores que ganaron juicios contra el Estado y que, aun así, siguen esperando que se les pague. Muchos llevan 10, 15 o incluso más de 20 años esperando el cumplimiento de sentencias firmes que reconocen derechos previsionales. Algunos ya se jubilaron. Otros murieron sin ver justicia.

Frente a esta realidad, como candidata al Senado Nacional, junto al candidato al Senado Regional Iván Sequeiros, impulsamos una propuesta concreta para destrabar esta deuda histórica sin poner en riesgo la estabilidad económica del país: la creación del Bono Compensatorio Sectorial (BCS).

¿QUÉ BENEFICIOS TRAE EL BONO COMPENSATORIO SECTORIAL?

El Bono Compensatorio Sectorial permitirá que el Estado avance de manera progresiva en el pago de sentencias judiciales firmes mediante un bono voluntario que los beneficiarios podrán usar principalmente para acceder a una vivienda o financiar educación. La propuesta no crea gasto público nuevo ni genera endeudamiento, ya que organiza el cumplimiento de obligaciones que ya existen dentro de la programación fiscal del Estado.

Según estimaciones técnicas, el mecanismo podría financiar o impulsar la construcción de más de 740 mil viviendas, reducir hasta en 40 % el déficit habitacional y movilizar cerca de USD 148 mil millones en actividad económica.

Además, tendría la capacidad de generar alrededor de 6 millones de empleos directos e indirectos, dinamizando sectores como construcción, servicios y comercio en todo el país.

La emisión del bono sería progresiva, priorizando a quienes llevan más tiempo esperando, y contaría con un registro administrativo supervisado por el Ministerio de Economía y Finanzas para garantizar transparencia.

De aprobarse, el Bono Compensatorio Sectorial podría convertirse en una de las reformas más importantes en la relación entre el Estado y sus trabajadores, transformando una deuda histórica en una oportunidad para impulsar el crecimiento y bienestar social. Porque cumplir con quienes ya ganaron en la justicia no es solo una obligación legal, es una cuestión de confianza y de respeto que el Estado no puede seguir postergando.