Como madre y ciudadana, me niego a aceptar que la mala gestión pública sea el paisaje natural de nuestro país. No es un secreto para nadie que la mala gestión pública en el Perú ha dejado de ser un bache técnico para convertirse en una crisis de voluntad. Cuando caminamos por calles con obras eternamente inconclusas o enfrentamos trámites que parecen diseñados para el siglo pasado, lo que vemos no es falta de presupuesto; es la ausencia de un liderazgo que ponga al respeto al ciudadano como eje rector.

Desde el año 2000, hemos visto cómo las planillas estatales crecen y los sueldos se incrementan, pero las brechas en agua, salud y educación permanecen estancadas. El problema es estratégico: un Estado que se «sirve» de la gente en lugar de servirle.

La tecnología contra la mala gestión pública

Para romper este ciclo de conformismo, la transformación digital es nuestra mejor herramienta. No se trata de inventar soluciones futuristas, sino de ejecutar lo que ya existe. Contamos con marcos normativos y plataformas en la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital que podrían garantizar que cada sol invertido sea rastreable, pero falta la decisión política de integrarlas sistemáticamente.

Un ejemplo claro es el combate a la delincuencia. Hoy es técnicamente posible rastrear una ubicación de extorsión o identificar a un titular de cuenta en tiempo real bajo la flagrancia digital. El Estado posee tecnología de inteligencia financiera y geolocalización a la que ningún ciudadano tiene acceso, pero si no hay equipos técnicos capaces de operarla, esas herramientas son solo promesas vacías.

Sin embargo, no podemos hablar de una verdadera participación ciudadana si ignoramos que hoy la voz de la gente corre por canales digitales. Si el acceso a internet es desigual, nuestra democracia también lo es. Reducir la brecha digital no es un tema técnico, es un imperativo democrático.

Las cifras del INEI para el III trimestre de 2025 son un llamado de alerta: mientras el 78,7% de los hogares en Lima Metropolitana tiene internet, en el área rural apenas llegamos al 23,6%. Esta distancia no es solo una estadística; es la diferencia entre poder fiscalizar una obra desde tu celular o quedar excluido de las decisiones que afectan a tu comunidad.

Tener una conexión no garantiza que una persona pueda ejercer su ciudadanía. La realidad es que solo el 37,7% de los hogares peruanos cuenta con una computadora, y en las zonas rurales esa cifra cae al 11%. En un mundo donde estudiar o completar un formulario público es más sencillo con una PC, estos datos marcan un límite concreto a la igualdad de oportunidades.

Debemos entender que existe lo que yo llamo la «brecha de habilidades». Saber navegar en una mesa de partes virtual, realizar el seguimiento de un expediente o participar en una consulta pública vinculante no debería ser un privilegio de pocos. Si el Estado se digitaliza pero no acompaña, no forma y no simplifica sus procesos para el ciudadano de a pie, solo está cambiando la vieja y tediosa cola física por una nueva frustración virtual que aleja aún más al pueblo de sus instituciones.

La participación ciudadana digital solo es funcional cuando existen reglas claras, canales intuitivos y, sobre todo, respuestas concretas. Un Estado que respeta a su gente es aquel que diseña sus plataformas con lenguaje claro, procesos cortos y accesibilidad total. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en 2025 ya hay 6 mil millones de personas conectadas en el mundo; el reto global ha dejado de ser solo «estar conectado» para centrarse en que esa conexión sea útil, estable y, por encima de todo, asequible para los sectores más vulnerables.